¿Por qué las comunidades campesinas y nativas?

Sin duda, el hombre está peligrosamente desenfrenado. No porque no esté convencido de lo que quiere hacer sino porque no está midiendo las consecuencias de lo está haciendo. Y porque cree o alguien le ha hecho creer que, empezar por lo que consideran uno de los sectores económicamente más frágiles –o descartables, para él-, como lo son las comunidades campesinas y nativas, la cosa va a ser más fácil. Craso error del nuevo feligrés de la cofradía neoliberal.

Con el Decreto Legislativo 1015, promulgado de manera sorpresiva al más puro estilo fujimorista, el gobierno busca consagrar lo que no pudo hacer a través del Congreso de la República cuando presentó el denominado proyecto de ley 1992, mediante el cual flexibilizaba los mecanismos para que las comunidades puedan, a través de una mayoría simple de comuneros a una asamblea –no importando cuántos fueran- vender sus tierras. Dicho proyecto fue rechazado en comisiones y fue considerado incluso inconstitucional. Pero García, envalentonado dizque por el éxito de la cumbre con la Unión Europea, ha decidido dar el zarpazo.

Este decreto apunta a ser sin duda el tiro de gracia de Alan García contra la comunidad campesina. Aspira a ser la constancia de su servilismo ante las transnacionales mineras y el poder neoliberal. Y, también el pasaporte a la modernidad y el despegue económico de la sierra, que su afiebrado y delirante imaginario lo vislumbra salpicado de campamentos mineros, socavones y tajos abiertos.

Alan García pretende eliminar a la comunidad campesina pues, ya en su primer gobierno comprobó como estas organizaron una de las más inmensas oleadas de recuperaciones de tierras –más de un millón de hectáreas- de las empresas asociativas de Puno. Y además, porque no olvida que han sido los hombres y mujeres de estas comunidades pobres, las que históricamente han rechazado las propuestas apristas y que ese partido, nunca logró hacer de ellas uno de sus bastiones sociales. Pero también, García sabe perfectamente, que en las entrañas mismas de las comunidades campesinas, yacen los gérmenes que sustentan una forma de vida, de organización social, política, productiva y cultural, que han resistido cientos de años, y derrotado tantos otros intentos por desaparecerlas.

La comunidad campesina es el dique de contención que impide que García termine de entregar en bandeja de plata nuestros inmensos y ricos recursos naturales a la voracidad de las transnacionales que no solo se enriquecen sino que destruyen impunemente nuestro medio ambiente. Pero no solamente es celosa guardiana de nuestros recursos naturales sino que es también una reserva de nuestra nacionalidad, de nuestra historia, de nuestra cultura y nuestras tradiciones en las que se fundamentan una forma de ver el mundo, una cosmovisión diferente al modelo depredador que hoy ha puesto en riesgo la existencia misma de nuestra vida y la del planeta. Y de la que por supuesto, nada o casi nada conoce García, embelesado en su ramplona metamorfosis política.
Y esa soberbia y arrogancia de los conversos, le impiden a Alan García medir las consecuencias de su obsecuencia, pues si cree que las comunidades campesinas y nativas, que ya conocen el accionar de las empresas transnacionales mineras, gasíferas y petroleras, van a despojarse fácilmente de los recursos que les posibilita la vida, está totalmente equivocado. No estaría demás recordarle que revise el rol histórico que ha jugado el movimiento campesino y sus organizaciones gremiales en defensa de sus tierras y sus derechos fundamentales.

Si piensa que las dificultades que pueden afrontar hoy las organizaciones campesinas nacionales le facilitarán sus propósitos, García vuelve a equivocarse. El paro agrario del 18 y 19 de febrero último ya mostró la contundencia que puede tener una medida de lucha campesina cuando de defender sus recursos se trata. Y ya las organizaciones como la Confederación Campesina del Perú, CCP, la Confederación Nacional Agraria, CONACAMI, entre otros ya han convocado a un paro nacional agrario y campesino para los días 8 y 9 de julio, que coincide con el paro de 24 horas convocado por la CGTP. Ahí, una vez más, Alan García comprobará que no se puede jugar con la esencia de la comunidad campesina que está en las entrañas mismas de la patria.

Modelo neoliberal busca consolidarse criminalizando las luchas sociales

La criminalización de las luchas sociales constituye una estrategia a la que recurren los gobiernos autoritarios con la finalidad de consolidar el modelo neoliberal, pues de esa manera pretenden silenciar las protestas de las mayorías nacionales que se sienten excluidas y exigen cambios en las políticas económicas y cuestionan las inequidades que representan los tratados de libre comercio. Es por ello, que las experiencias que sufren los pueblos de América Latina en materia de violación de sus derechos humanos por la criminalización de sus protestas son similares, tal como quedó demostrado en el foro que abordó este tema, este jueves 15 en marco de la Cumbre Social de los Pueblos que se realiza en campus universitario de la UNI en Lima.

En este foro organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos, se presentaron las experiencias sobre criminalización de sus luchas que sufren sobre todo las organizaciones sociales, campesinas e indígenas de Perú, México, Colombia y Costa Rica. También fue propicia la oportunidad para escuchar el testimonio de una de las víctimas de estas políticas represivas en el Perú, la señora Carmen Azparrent, quien fue injustamente detenida casi dos meses y medio, acusada sin ningún sustento del delito de terrorismo, al igual que otras seis personas más, de las cuales todavía cinco siguen recluidas.

Tal como afirmó el mexicano Martín Velásquez Pérez de la Red de Acción frente al libre comercio, RMAL, el modelo neoliberal y sus instrumentos como los tratados de libre comercio y los ahora llamados acuerdos de asociación, lejos de generar desarrollo lo que producen es mayor pobreza y exclusión. Y los gobiernos tienen que recurrir a la violencia como único mecanismo de reprimir a quienes exigen respeto a sus derechos, tal con los campesinos de Chiapas o los pobladores de Oaxaca, por mencionar los más recientes. En quince años y con casi 40 tratados de libre comercio, México apenas ha tenido un crecimiento de uno por ciento como promedio; mientras que millones de campesinos han tenido que abandonar el campo y los pobres han aumentado a 40 millones, de los cuales 20 millones están en extrema pobreza.

En Colombia, el ejercicio de la represión y criminalización de las luchas sociales no son nada nuevo y el pueblo indígena es que lo ha sufrido históricamente, afirmó a su turno Feliciano Valencia de la Consejo Regional Indígena del Valle del Cauca, y por eso tampoco son nuevos los mecanismos de respuesta de los pueblos, que tienen que organizarse y protestar pues es la única manera de hacerse escuchar. Sin embargo, advirtió que con la criminalización de estas luchas sociales se corren además otros riesgos, que es lo que buscan los gobiernos autoritarios, como deslegitimar el ejercicio de la protesta y movilización social, confundir a sectores de la población calificándolos de terroristas y sentando precedentes legales.

Por su parte Marcela Guerrero, del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Costa Rica, sostuvo que pese a estas estrategias regionales de criminalización de la protesta, los movimientos sociales han tenido algunos logros importantes, como fue frenar el ALCA y algunos procesos de privatización; sin embargo, sigue siendo un reto replantearse las estrategias para consolidar respuestas conjuntas desde la sociedad frente a estas políticas que limitan el ejercicio democrático.

Otro de los ponentes fue el doctor Wilfredo Ardito, de Aprodeh, quien sostuvo que estas políticas de criminalización con las que se pretende responder a problemas estructurales de la sociedad evidencian también el monopolio del poder por parte de los grupos de poder. Se refirió a la situación del Perú donde la violencia política y el conflicto armado no termino con una transición a la democracia, y más bien se han consolidado regímenes autoritarios, que han buscado darle un soporte jurídico a la represión y criminalización de las protestas sociales. Hay una relación estrecha entre el modelo económico y las políticas de criminalización, explicó, tal como lo demuestra el hecho de que después de Fujimori ha continuado el neoliberalismo y se ha incrementado la criminalización tanto en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Para ello, aplican también otras estrategias como es el manejo o la manipulación del sentimiento del miedo que aún sufre una población tan sensible a temas como el terrorismo. Y en el actual gobierno la situación se viene agudizando pues el presidente Alan García tiene la consigna de convencer a los empresarios que ha cambiado sus concepciones que aplicó en su primer gobierno y por ello, se vuelve cada vez más autoritario y represivo al servicio del modelo económico neoliberal.

En esta mesa también se informó sobre la acción de inconstitucionalidad que diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado ante el Tribunal Constitucional peruano contra un paquete de decretos legislativos que criminalizan la protesta social y ponen en riesgo derechos fundamentales y el derecho a la vida, tal como ocurrió en el reciente paro agrario de febrero pasado, cuando fueron asesinados cuatro campesinos, hecho que fue recordado por el secretario de derechos humanos de la Confederación Campesina del Perú, CCP, Faustino Rimachi, otro de los participantes en este foro. Pese todo esta situación de criminalización, las organizaciones no bajan la guardia, pues tienen claro, como bien lo dijo la señora Carmen Azparrent, que “es necesario no tener miedo, seguir firmes en nuestras convicciones y no ser ajenos a las injusticias de este modelo neoliberal”.

La primacía de los derechos humanos está por encima de cualquier otra consideración

¿Derechos humanos para quién?, fue la interrogante que motivó las presentación y debate en una de las mesas de trabajo de la Cumbre de los Pueblos, en la que se puso en evidencia como los tratados de libre comercio y los llamados acuerdos de avocación, como los que se discuten con la Unión Europea, están muy lejos de tomarlos en cuenta y de considerar que la primacía de los derechos humanos están por encima de cualquier otra consideración.

La mesa estuvo integrada por representantes de diversos países que han atravesado y aún enfrentan situaciones conflictivas derivadas por la violación de los derechos humanos, ya sea en épocas de dictadura o con gobiernos supuestamente democráticos, como es el peruano, que ha dado más de una muestra intolerancia ante la presencia de la Cumbre de los Pueblos y ha profundizado la criminalización de las protestas sociales.

Uno de los ponentes fue Miguel Jugo Viera, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, del Perú, institución que en las últimas semanas ha soportado una brutal campaña del gobierno, la derecha encabezada por los parlamentarios del ex dictador Alberto Fujimori y de los grandes medios de comunicación, por el delito de haber emitido una opinión política en el sentido de que una organización subversiva que tuvo vigencia en la década del 80, hoy está desactivada. Relató que incluso llegaron a ser calificados de “traidores a la patria” por parte del mismísimo presidente de la República Alan García Pérez. Hay que señalar que Aprodeh es la institución que patrocina a los familiares de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, de Lima, que fueron asesinados por un comando de aniquilamiento del ejército y por el cual, hoy es juzgado Alberto Fujimori.

Otro expositor fue Mario Minera, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH de Guatemala, quien se refirió al genocidio que se cometieron contra las comunidades indígenas de su país durante la dictadura que gobernó entre 1978 y 1983, encabezada por el general Ríos Montt. “En realidad lo que hubo en Guatemala fue un plan de las transnacionales para provocar a través de la violencia política, masivos desplazamientos de pueblos indígenas de sus comunidades y territorios, donde se habían descubiertos grandes reservas energéticas y ricos recursos naturales”, señaló. Agregó que en la actualidad persisten mecanismos que son garantía de impunidad por este genocidio, para que sus autores no puedan ser juzgados, y no se cumplen lo central de las sentencias.

Una situación similar vive hoy Colombia, en el marco de la guerra interna, donde por lo menos del 10 por ciento de la población sufre procesos de desplazamiento forzado, según explicó el doctor Abirio Uribe, de una red de juristas colombianos. “El gobierno colombiano de Alvaro Uribe ha ido ganando terreno en los gobiernos de Europa ocultando su guerra total que es la única estrategia en el marco del Plan Colombia”, afirmó Abirio Uribe.

Es en medio de este contexto de la situación de los derechos humanos, en que se discute el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, y tal como ha ocurrido en otros tratados amparados en el libre comercio, es el llamado derecho mercantil el que está primando y busca el imperio de una ciudadanía en función de la ubicación de las personas en el mercado; así como la irreversibilidad del carácter neoliberal de estos acuerdos y tratados.

Es frente a esta situación que se hace necesario impulsar las llamadas cláusulas democráticas en el debate de los acuerdos con la Unión Europea, que partan de considerar el concepto de dignidad humana, del principio del “bien vivir” o bienestar para la mayoría de las persona, que no es otra cosa que la consideración que la primacía de los derechos humanos está por encima de cualquier otra consideración, tal como lo señaló Javier Mujica, de la institución CEDAL, otro de los expositores.

Mujica explicó que están preparando justamente una propuesta de cláusula democrática para ser incluidas en la negociación de los acuerdos con la UE para que respondan al imperativo de la vigencia de los derechos humanos. Remarcó que la propia Carta de las Naciones Unidas, así como de la OEA, ratifican la primacía de los derechos humanos.

Acuerdos de Asociación profundizarán dependencia de América Latina

Los impactos de los Acuerdos de Asociación (AdA) con la Unión Europea fueron materia de debate y reflexión por un amplio panel de expertos representantes de diversas nacionalidades, en el marco de la Cumbre de los Pueblos; y si algo quedó claro fue que los principales impactos de estos AdA serán la profundización de la dependencia de América Latina y el Caribe; el aumento de la vulnerabilidad política y económica, y frenar las conquistas sociales.

Muchas son las razones que sustentan lo que podría ser este futuro sombrío panorama si es que se mantienen las tendencias de muchos gobiernos de la región en el manejo de los AdA, han coincidido varios de los expositores. En tal sentido se ha señalado que estos acuerdos en la práctica significan un freno a los mecanismos de integración de la región, y un caso concreto de ello es la actual situación de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Otro aspecto es el hecho de que los países de esta sub región tienen agendas diferenciadas y algunos de ellos han planteado, incluso, negociar al margen de la CAN.

La participación real de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil constituye también otra debilidad en este proceso, pues a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para incidir en el mismo aún siguen siendo débiles; y a ello se agrega que estos acuerdos no toman en consideración para nada la deuda histórica de Europa con América Latina y el Caribe.

En las diversas exposiciones se plantearon una serie de objeciones a los acuerdos con UE que de hecho difieren con la propaganda oficial que abunda por estos días en el Perú, país sede también de la Cumbre Oficial ALC-UE, y que pone énfasis en el aumento de las inversiones. En efecto, estas inversiones han crecido más del doble en México, pero este incremento no se ha reflejado en el crecimiento del empleo y mucho menos, mejores salarios. A ello se suma otro dato importante: casi la mita de esta inversión se concentra en empresas de cuatro países.

Una parte de la intervención de Alberto Arroyo, de la Red de Acción frente al Libre Comercio, resume de alguna manera los impactos de los AdA: hay que evitar la ilusión de que se va a negociar un acuerdo diferente a los TLCs con Estados Unidos. Acá seguirá primando la ley del más fuerte, sujeta a las fuerzas del mercado; y en esas condiciones de un “libre comercio bueno”. Todos los antecedentes que se conocen de tratados de libre comercio son un fracaso en términos de los derechos de los pueblos y las mayorías nacionales, las inversiones gozan de la llamada seguridad jurídica que no son otra cosa “superderechos” que protegen a las grandes transnacionales.

Otros expositores recordaron otros elementos que muchas veces los gobiernos que publicitan los acuerdos de libre comercio ocultan deliberadamente: que las empresas de las grandes potencias lo que buscan es apoderarse de sectores estratégicos de las economías nacionales como energía, finanzas, servicios; de los ricos e ingentes recursos naturales; que como sucede en la banca, no crean nuevas empresas y se apoderan de las ya existentes como ha sucedido en los procesos de privatización, constituyendo así una banca parasitaria que obtiene enormes ganancias. Es en este marco en que uno de los expositores se preguntó: por qué tanto derecho a las transnacionales?

Hay que señalar que en la mesa que abordó estos impactos destacó la presencia del haitiano Camilla Chalmers, Sally Oneil de la Red Cidse de Irlanda Claudio Lara de Chile, Marisol Inurritegui de Perú, además del ya citado Alberto Arroyo de México.

Fujimori y sus “generales de ley”

En las últimas audiencias del megajuicio al ayer fugitivo, luego extraditado, juzgado y ahora condenado Alberto Kenya Fujimori, han desfilado algunos de los generales que fueron parte de la corrupta cúpula que permitió el avasallamiento de ejército; de los que fueron parte de uno de los capítulos más oprobiosos de la fuerza armada nacional. Y fueron, cómo no, como testigos de descargo, es decir, llevados por la defensa del reo, para ver cómo ayudan a salvar a su jefe, o mejor dicho a sus jefes, porque creen que así ayudan también a Montesinos y a Hermoza Ríos.

Y luego de escuchar a estos generales, y verlos navegar en el mar de la incoherencia, sumergirse en los bajos fondos de su inconsistencia profesional y ética, hacer una penosa imitación cantinflesca para ocultar lo que es evidente o justificar lo injustificable, es fácil darse cuenta cómo un delincuente como Vladimiro Montesinos pudo someter a toda una institución castrense.

Qué se puede decir de elementos como César Ramal Pesantes, jefe de la División de Operaciones del Comando Conjunto de la Fuerza Armada en el año 91, ufanarse de haber aplicado una supuesta política de estricto respeto a los derechos humanos en la guerra contra la subversión, y que cuando le preguntan cómo así sucedió el crimen de Barrios Altos, solo responde “no se, desconozco”; o sobre el grupo Colina, sostener que “desconozco si eran del ejército”.

Qué decir de ese patético general Luis Rojas Neyra, jefe de la 18ava División Blindada en 1992, que cuando le preguntaron quién le dio la orden de sacar los tanques en la noche del 5 de abril, respondió que él no necesitaba órdenes, y que como “profesional de la guerra”, al escuchar el mensaje golpista de Fujimori lo hizo por su propia cuenta, para dar seguridad al Congreso de la República y al Palacio de Justicia. Y cuando le preguntan quiénes eran los que robaron los expedientes judiciales en esos días, muy suelto de huesos dice: “ah, yo estaba encargado de dar seguridad externa pero no adentro”. Como se recuerda, una revista limeña publicó una foto de varias personas sacando cajas con expedientes del poder judicial, y el general encargado de “dar seguridad” no vio nada. De ripley.

Y, para poner otro ejemplo más: el general José Dueñas Valdivia, conocido en su tiempo por sus ínfulas como “el mariscalito”: comandante general de la segunda región militar, la más importante del país, con sede en Lima, en 1991. Cuando le preguntan si conoció cuándo se produjo la matanza brutal de Barrios Altos, dijo que se había enterado por los periódicos; y que “no le dio mayor importancia porque lo consideraba un atentado como cualquiera”. Eso pensaba el general jefe de una zona donde se había producido una de los más horrendos asesinatos por parte de un grupo del ejército, y lo consideraba como algo normal. Ah, pero este general, no dejaba de ufanarse de haber “liberado las universidades que estaban capturadas por terroristas”, que como el caso de San Marcos “hasta servían para hacer prácticas de tiro”.

Después de escuchar estas barrabasadas, uno se pregunta, si ese es el nivel de la gente que tuvo a su cargo la responsabilidad de conducir el ejército, la lucha contra la subversión y finalmente, la seguridad del país?. Con ese tipo de generales, altamente manipulables, y de escaso bagaje intelectual, para un tipo como Montesinos, de hecho fue muy fácil hacerse del poder y convertirlos a todos ellos en una manada de corderos a los que llevó de la mano a firmarles la famosa acta de sujeción. Y de eso, muchos de ellos, parecen vivir orgullosos, siguen en su ley, lejos de la vergüenza e insistiendo en defender y justificar a sus jefes Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos.

Sesenta más uno

Pareciera que fue apenas ayer cuando en medio de eventos de capacitación, CEN y actos deportivos, nos aprestábamos a cumplir nada menos que 60 años desde que nuestra Gloriosa Confederación Campesina del Perú, CCP, fuera fundada por el discípulo del Amauta, Juan Hipólito Pévez.

Ahora, ya nuestra CCP ha pasado la barrera de los sesenta y en un abrir y cerrar de ojos, estamos en los 61, o sesenta más uno, como dicen nuestros paisanos cuando se refieren a la edad. Y si bien, los festejos de hoy no son los mismos que los del año pasado, lo que sí son iguales o quizás más grandes, los retos que sigue teniendo al frente la organización campesina.

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Por "la ley del video"

Hace poco menos de ocho años que el país y el mundo, fueron testigos de cómo a través de una inocente cinta de video se lograba echar abajo a, tal vez, la mejor organizada mafia que se había enquistado en el poder y que había convertido al Perú no solo en el paraíso de la corrupción sino en un territorio en la que imperaba una guerra de baja intensidad, guerra sucia o guerra clandestina que arrasó con los derechos humanos, cubiertos por el manto de la impunidad que les daba justamente el enorme poder concentrado en un siniestro triunvirato: Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos, presidente de la República, el primero, súper asesor el segundo, y jefe absoluto del ejército y de la fuerzas armadas, el tercero.

Desde ese 14 de setiembre del 2000, en el que se pudo ver a Montesinos comprando al tristemente célebre congresista tránsfuga Alberto Kouri por 15 mil dólares, muchos cientos de videos han pasado bajo el puente flotando en las nauseabundas aguas de lo que fue la década de la dictadura fujimorista. Gracias a esa afición por grabar videos, la mafia pudo dejar constancia de cómo el país fue convertido en una chacra en la que los denominados poderes públicos, que se supone son el fundamento de la democracia formal, como el Congreso y el Poder Judicial, eran simples apéndices serviles e instrumentos de la corrupción. Y lo hacían no solo con su consentimiento y conocimiento de causa sino hasta con gusto.

En esos videos también se pudo ver cómo prominentes empresarios, incluido el jefe del grupo económico más importante del país, negociaba no solo favores en el sometido poder judicial sino decretos para seguir engordando sus arcas, como lo fue la famosa rebaja de aranceles al trigo, con el cuento de bajar también los precios de los alimentos para favorecer la ilegal re-reelección de Fujimori. Al fin y al cabo, otra forma de robar también al país y brillante manera de hacer empresa y fortuna.

Esos videos que se encargaba de grabar Vladimiro Montesinos y que los compartía con Alberto Fujimori, mostraron también a dueños de diarios y canales de televisión, pasando por la famosa salita del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, y recibiendo millones de dólares por venderse a la mafia; y por allí pasaron, en fin, destacadas artistas y conductoras de televisión que hoy se hacen los locos cuando se habla de los “vladi o fujivideos”.

Lo cierto es que el video se convirtió en el más eficaz acusador de toda esa pléyade que se pasó gritando a los cuatro vientos que gracias a ellos se había salvado al país de la inflación y del terrorismo, pero que tenían bien ocultas millonarias cuentas en bancos extranjeros, como el llamado “general victorioso” Hermoza Ríos quien tuvo que devolver varios millones de dólares; aunque hubo también quien al parecer se cuidó y prefirió llevarse literalmente en peso los millones de dólares que ayer le permitieron sufragar los gastos de la vida de príncipe que llevaba en el exilio japonés, luego en Chile, y ahora mantener una costosa defensa legal.

Por supuesto, que pasado el impacto inicial, mucha gente interesada buscó que de a pocos el contenido de esos videos se vaya relativizando, olvidando. Sin embargo, así como el vladivideo del 2000 dinamitó el reino de la corrupción fujimorista, hoy, de nuevo otro video está a punto de convertirse en uno de los instrumentos claves para demostrar el grado de responsabilidad que tuvo el extraditado y hoy reo de la justicia peruana, Alberto Kenya Fujimori, en los asesinatos que el destacamento Colina cometió bajo su amparo entre noviembre de 1991 hasta julio de 1992, entre ellos, esas barbaries inhumanas que fueron los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.

Si bien no será la prueba determinante, no debe quedar ninguna duda del valor que tendrá para la Sala Penal Especial que juzga al ex dictador, la presentación de los videos que presentó en su calidad de testigo el periodista Umberto Jara en la audiencia del pasado lunes 07 de abril, que contienen el llamado “mensaje” y dos entrevistas que el periodista sostuvo con Santiago Martin Rivas, jefe del criminal destacamento Colina, en el tiempo que éste estuvo en la clandestinidad en el año 2001, mientras Fujimori gozaba de su libertad en el imperio japonés.

La defensa de Fujimori, que sin duda ha calibrado el efecto devastador de esta prueba, repitió la barrabasada de Martin Rivas de que se trataban solo de “ensayos”. Esa argucia se ha derrumbado como se caen las esperanzas de Fujimori de librarse de cárcel, que le provocan depresiones y somnolencia como lo ha afirmado el jefe del Instituto de Medicina Legal que lo atiende. En efecto, en esos videos, Martin Rivas reafirma categóricamente lo que ha viene quedando claro en lo que va del juicio: que Fujimori aprobó la estrategia de la guerra de baja intensidad, guerra clandestina o guerra sucia, mediante la cual, con el pretexto de terminar con el terrorismo, se cometieron brutales asesinatos como Barrios Altos y La Cantuta, que constituyen violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Pues como lo dice en esos videos el jefe de los “Colina”, había que ser ingenuo –si no estúpido- para creer que todo lo que Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos hicieron para encubrir estas barbaries, como la farsa del juicio militar y Ley de Amnistía, era solo para encubrir a un mayor del ejército. En realidad se estaban protegiendo ellos mismos. Lo que no pensaron era que de nuevo, al igual que en setiembre del 2000, la “ley del video”, podía terminar hundiéndolos, y esta vez definitivamente.