El país está viviendo casi todo el mes de octubre en medio de un barullo como no habíamos visto últimamente, sobre todo por la dimensión de los acontecimientos. El destape de un nuevo caso de corrupción aprista (¿a alguien puede llamarle la atención que eso suceda?), fuga de leones y muchas ratas libres aún (para usar las palabras del mismísimo Presidente de la República para referirse a sus ilustres compañeros de partido) y por ahí algunos gestos que hacen recordar la famosa “persecución” de Fujimori a su socio y compinche Vladimiro Montesinos, la designación sorpresiva de un nuevo premier aunque al frente de un mayoritario rancio gabinete; y, finalmente –la cereza de la torta- la detención de la hasta ahora intocable conductora de televisión que logró abrirse camino en la broza televisiva, blandiendo el filudo machete del “ampay” para el deleite y el morbo de la llamada teleplatea.
Y mientras se desatan y promueven sesudos debates sobre la pertinencia o no del nuevo premier; si el llamado “petrogate” o “petroaudios” son delito o solo “escándalo”; o las curiosas teorías de César Nakasaki (cuando no) sobre la “verdad objetiva y la verdad subjetiva”, digo, mientras todo esto pasa, hay quienes no pierden el tiempo para llevar agua para sus molinos –mejor dicho para los molinos de impunidad- y sacan de bajo de las mangas una nueva propuesta, que pone en tela de juicio el carácter de sociedad civilizada que pretendemos ser.
Porque no de otra manera se puede entender que a un congresista aprista - Edgar Núñez, para más señas- se le haya ocurrido presentar un proyecto de ley para amnistiar a los efectivos militares y policiales subalternos que afrontan procesos judiciales por violaciones de derechos humanos, en el marco de la lucha contra el terrorismo.
Pareciera que a este señor poco le importa el horror que hace poco ha sido revelado con el caso Putis, donde mujeres embarazadas y niños fueron asesinados por militares y sepultados en fosas comunes; o tampoco parece haber escuchado los testimonios de los ex integrantes del destacamento criminal Colina de la manera como asesinaban a inocentes desarmados; o aunque sea mucho pedir, pareciera ignorar todo el horror que contiene el Informe de la Comisión de la Verdad.
Pareciera que este caballero no se diera cuenta que otras sociedades como la argentina y su poder judicial han decidido enviar de nuevo a la cárcel a un dictador sanguinario como Rafael Videla, por el secuestro de dos empresarios y los crímenes contra miles de jóvenes torturados y arrojados al mar; o el caso chileno, donde los militares que asesinaron a cientos o miles de ciudadanos, hoy tienen que pagar por sus crímenes de lesa humanidad.
Qué se pretende, con esta nueva propuesta de amnistiar a criminales, amparándose en una supuesta persecución contra las fuerzas armadas?. Acaso, convertirnos en un país paria, al margen del derecho internacional?, o pretender con ese tipo de propuestas curarse en salud por delitos por los que tienen que responder algún día personajes que hoy detentan el poder?. O acaso, a través de una amnistía buscar favorecer con una sentencia benigna a quienes hoy tienen que responder en un megajuicio por delitos de lesa humanidad como Alberto Fujimori, Hermosa Ríos y Vladimiro Montesinos?.
Felizmente, las voces sensatas que aún quedan en el país ya se están haciendo escuchar oponiéndose a que nos encaminemos de nuevo por la senda de la barbarie de la impunidad, como el presidente encargado del Tribunal Constitucional, quien ha sido enfático en señalar que “Las corrientes jurisprudenciales, como estándares de vigencia de los derechos humanos, es que no es lícito que se dicten leyes que supongan amnistía para delitos que puedan ser de naturaleza de lesa humanidad”.
Felizmente, que en medio del circo mediático en que hoy está sumido el país, aún hay sectores valiosos de la sociedad que están atentos y prestos a rechazar este tipo de propuestas que pretenden imponer el imperio de la impunidad, como una supuesta forma de defender a las fuerzas armadas y policiales, que por cierto deberían ser las primeras interesadas en defender su carácter de instituciones tutelares de la patria, diferenciándose de los crímenes que algunos de sus integrantes cometieron violando su institucionalidad y su prestigio.
Reitero, en medio de este circo mediático, debemos estar atentos para evitar que prosperen este tipo de planteamientos que de ninguna manera contribuirán a fortalecer la conciencia democrática y civilizada del país. Este tipo de propuestas van a contracorriente de algo que debería ser un imperativo ciudadano: que las graves violaciones de los derechos humanos, que los casos Putis, La Cantuta, Barrios Altos y tantos otros NUNCA MÁS vuelvan a ocurrir. Hay que evitar que la amnistía pretenda de nuevo ser utilizada como una “justificación de lesa humanidad”.
