Fujimori y Montesinos manejaron a su antojo el ejército y la policía

General Ketín Vidal ratifica que ex dictador daba órdenes que podían lindar con la ilegalidad

Aunque en sus interrogatorios, el abogado César Nakasaki insiste en analizar las normas y reglas que rigen a las fuerzas armadas y policiales en su intento por salvar a su defendido, lo cierto es que cada vez claro, que tanto Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos manejaron estos institutos a su antojo, al margen de toda normatividad. El testimonio del general Antonio Ketín Vidal Herrera, ex jefe de la DINCOTE y ex director de la Policía Nacional, así lo sigue confirmando, y los hechos abundan.

En efecto, tal como lo hizo en su anterior presentación, el ex jefe policial reafirmó que recibió órdenes directas del propio presidente de la República, para hacer declaraciones en la televisión que favorezcan a Vladimiro Montesinos frente a las acusaciones del narcotraficante “Vaticano”. ¿Esa disposición del presidente fue una orden?, le preguntó el abogado de la parte civil, Carlos Rivera. “Fue un pedido, una invocación; y para nosotros que tenemos formación policial, ese tipo de insinuaciones son casi órdenes”, fue la respuesta de Vidal Herrera. Hay que agregar que en este hecho, hasta ex ministro del Interior, el general Juan Briones Dávila, participó como intermediario de las órdenes de Fujimori.

Otro hecho que demuestra cómo se manejaron las cosas en el terreno de la lucha contrasubversiva, se da en junio de 1991, el jefe del SIN Julio Salazar Monroe, pide “prestados” a tres integrantes de la cúpula senderista que habían sido detenidos por la DINCOTE, para que sean interrogados al SIE. “Aunque el general John Caro, director de la PN, yo tuve que tomar mis precauciones y llamé al fiscal y al médico legista para que se haga la entrega, lo que no fue aceptado y se suspendió la entrega”, explicó Ketín Vidal. Hay que mencionar que los enviados a recoger a los detenidos, fueron nada menos que dos integrantes del destacamento Colina: Fernando Rodríguez Zabalbaescoa y Santiago Martin Rivas.

Pero fueron otros hechos más los que demuestran cómo se manejaba la cúpula cívico militar que encabezaba Alberto Fujimori. Luego de la captura de Abimael Guzmán en setiembre del 92, el entonces jefe del SIE, Alberto Pinto Cárdenas, se aparece en la DINCOTE a pedir el traslado del líder senderista a las instalaciones del SIN “por órdenes del presidente de la República”, a lo Ketín Vidal tampoco accedió “porque presumía que no era verdad”.

¿Montesinos tenía poder para decidir cambios y ascensos en la Policía Nacional?, preguntó en otro momento el doctor Rivera Paz. “Montesinos tenía influencia en la PN y las fuerzas armadas. Por eso en muchos actos siempre iba acompañado por los comandantes generales”, respondió Ketín Vidal, al tiempo que relataba cómo se presentó un suboficial de la policía que trabajaba en el SIN con una relación de oficiales de diversa jerarquía donde se sugerían cambios de colocación, a los que tampoco accedió, porque él “no era un títere con cabeza”.

Hay que señalar que una vez la audiencia empezó con un retraso por razones de salud del reo, quien será operado la próxima semana por la lesión a la lengua. Por ello, la próxima semana solo habrá audiencia el día lunes y miércoles y luego se suspenderán hasta el 11 de junio.

“Ketín Vidal está aportando elementos claves para el juicio”

Como elementos claves para el desarrollo juicio, calificó el doctor Carlos Rivera, abogado de la parte civil, las revelaciones hechas por el general Antonio Ketín Vidal pues ratifican una vez más que el ex presidente Alberto Fujimori daba órdenes directas y verbales que no se ajustaban a las normas. “La decisión del presidente de llamar al director general de la policía para que dé una entrevista a favor de Vladimiro Montesinos, para que explique su no vinculación con las coimas de ´Vaticano’, a pesar que era parte de sus atribuciones, demuestran que Fujimori se tomaba atribuciones de facto para ordenar asuntos que incluso podían lindar con la ilegalidad”.

Otro aporte importante, es que el testimonio del ex jefe policial permiten confirmar el poder inmenso que tenía Vladimiro Montesinos en el gobierno de Alberto Fujimori, desde proponer a Ketín Vidal que asuma un cargo que no correspondía a su grado de coronel, hasta el manejo de los ascensos en la policía. “Eso corrobora algo que es parte de la imputación, que había una suerte de correspondencia en la utilización y manejo del poder por parte de Fujimori y Montesinos”, remarcó el doctor Rivera Paz.

Ketín Vidal reveló que Fujimori y Montesinos lo presionaron desvirtuar denuncia de narcotraficante "Vaticano"

La audiencia se inició con una hora de retraso pues el presidente de la Sala ordenó practicar una revisión médica a Fujimori por problemas hipertensivos que había sufrido en horas de la madrugada. Luego de la misma, los médicos Marco Villanueva y Eloy Loayza del INPE y del IML respectivamente, dijeron que la presión arterial del acusado ya se había normalizado. Sobre los exámenes practicados la noche del martes, el representante del IML señaló estos se habían realizado sin ningún problemas.

Superados estos inconvenientes, continuó la sesión número 64 con la participación del ex jefe de la PN Antonio Ketín Vidal, en las que reiteró que el cien por ciento de las operaciones exitosas contra la subversión fueron obra de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE, como la captura de Abimael Guzmán.

En otro momento de su declaración, refirió que su relación con Vladimiro Montesinos nunca fue cercana y que se complicó cuando fue nombrado director general de la PN por la injerencia que el jefe real del SIN tenía en la policía. “Por estas razones, tuve que presentar mi renuncia y pedir mi pase al retiro en junio del 97”, agregó Ketín Vidal.

Más adelante el ex jefe policial reveló cómo Vladimiro Montesinos y el propio presidente de la República lo presionaron para desvirtuar las declaraciones del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, más conocido como “Vaticano”, contra Montesinos en el sentido de que le entregaba 50 mil dólares mensuales a Montesinos para que le facilitara la salida de droga del país.

Relató que primero fue Montesinos quien le pidió que declarara a al prensa y que era una indicación del presidente de la República, a lo que él se negó alegando que desconocía el caso. “Sin embargo, minutos más tarde me llamó el presidente Alberto Fujimori y me dijo que la oposición estaba en campaña contra el gobierno y que en ese contexto se estaba presentando la denuncia de Vaticano y que eso era un invento. Le señalé que no conocía el caso, pero me dijo que de todas maneras mi palabra era importante y que en el SIN me podían mayores indicaciones”, señaló.

Agregó que en el SIN lo esperaba Montesinos, el asesor Rafael Merino, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Guido Guevara, quienes le habrían preparado un libreto con preguntas y respuestas para dar una conferencia de prensa. “Le hice ver que trataban de utilizar mi credibilidad sobre un caso que no conocía, pero me insistió en que tenía que colaborar y que me iban a preparar con las preguntas y respuestas que ellos habían preparado a lo que yo me negué y dije que en todo caso, solo daría mi propia versión”, dijo Ketín Vidal ante el evidente nerviosismo e incomodidad del acusado.

La sesión fue suspendida por el presidente del tribunal atendiendo un pedido de propio acusado y luego de la evaluación que hicieron los médicos del INPE y del IML, pues le habían recrudecido los problemas de hipertensión arterial.

Ketín aclara

Durante la audiencia, el general Ketín Vidal aclaró que en la sesión del lunes 26 de mayo, cuando se refirió a la reunión para analizar la situación de la policía y en la que participó Vladimiro Montesinos, Rodríguez Zabalbaescoa, Martin Rivas y Carlos Pichilingue, entre otros, no participó Alberto Fujimori tal como lo dimos a conocer en una nota anterior y también otros medios de comunicación.

Hecha la aclaración del general Vidal Herrera, no está demás mencionar que en una audiencia del mes de febrero, el testigo Cléver Pino Benamú, quien llegó a ser sub director de Frente Interno de la DINTE, también afirmó que Fujimori sí se había reunido con el jefe operativo del destacamento Colina, en 1991, antes de la matanza de Barrios Altos. Diversos medios dieron la información, entre ellos, el Correo de Lima, entre otros medios, como también se puede ver en la página oficial del Poder Judicial.

Concluyó testimonio del general Robles Espinoza. “He dicho la verdad para contribuir a la lucha contra la impunidad en mi país”

Tras siete audiencias consecutivas, el general Rodolfo Robles Espinoza, el testigo que desde el interior del ejército denunció la existencia del destacamento Colina, concluyó su presentación en la Sala Penal Especial; y pese a todos los esfuerzos que hizo el abogado del reo por hacerlo caer en contradicciones, no varió un ápice la consistencia de su denuncia. “Esos asesinatos fueron autorizados por Alberto Fujimori”, se ratificó por enésima vez ante el incisivo interrogatorio del abogado César Nakasaki.

“El presidente Fujimori daba órdenes directas a Vladimiro Montesinos para realizar operaciones especiales como los crímenes de Barrios Altos y La Canatuta, y para esas acciones no se dejan órdenes escritas, pero la información y mi experiencia me llevan a la convicción de que no podía haber sido de otra manera”, reiteró Robles Espinoza.

Más adelante agregó que “Fujimori no hizo lo que debía haber hecho una persona que hubiera estado vinculado Barrios Altos y La Cantuta” y agregó que en estos hechos no hubo combate pues “lo que hubo allí fueron asesinatos”, respondió ante una recurrente pregunta del doctor Nakasaki si conocía si conocía alguna “orden de combate” para cometer esas barbaries.

“El acusado Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos son los responsables de todos los vejámenes que he sufrido yo y mi familia”, respondió Robles para al concluir el interrogatorio; y luego entregó nuevos documentos al tribunal para demostrar que era en el SIN donde se redactaban documentos que debían ser hechos en el ministerio de defensa, la comandancia general y el Consejo Supremo de Justicia Militar. Todo ello muestra cómo los casos de Barrios Altos y La Cantuta se manejó a través del dominio de un aparato de poder que jefaturaza Alberto Fujimori.

“He dicho la verdad con el único objetivo de cooperar para que se conozcan los hechos y ustedes puedan tomar la mejor decisión; quiero dejar plenamente establecido que no tengo ningún sentimiento de odio con el acusado y solo trato de colaborar en la lucha contra la impunidad, pues nada justifica el terrorismo de Estado”. Con estas palabras culminó su testimonio el general Rodolfo Robles Espinoza, a quien las conciencias democráticas del país debemos el haber contribuido, con su valiente denuncia los crímenes que seguramente ocultos por el manto de la impunidad, y por los que hoy tiene que responder Alberto Fujimori, a quién como bien lo dijo el general “si me hubiera hecho caso e investigado, hoy tal vez no estuviera en el banquillo de los acusados”.

Fujimori sí se reunió con Martin Rivas y jefes de “Colina”
Ketín Vidal empezó su testimonio desmintiendo al ex dictador

El ex jefe de la DINCOTE y del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, general de la Policía Nacional, Antonio Ketín Vidal Herrera, uno de los artífices de la captura de Abimael Guzmán, empezó su testimonio este lunes 26 de mayo, desmintiendo que Alberto Fujimori lo hubiera reincorporado a la Policía Nacional. Señaló también que participó en una reunión con el ex presidente y Vladimiro Montesinos en la que también participó el jefe operativo de Colina Santiago Martin Rivas.

“Quiero corregir las declaraciones de Alberto Fujimori quien dijo alguna vez que él me recogió cuando estaba pateando latas”, afirmó al tiempo que mostraba copias de las resoluciones que daban cuenta que fue reincorporado en enero de 1990 cuando el hoy acusado aún no había asumido la presidencia.

Y con relación a citada reunión, explicó que esta se realizó para evaluar el quehacer de la policía frente al terrorismo, y además de Martin Rivas también participó el comandante Fernando Rodríguez Zabalbaescoa, jefe del destacamento Colina, y Carlos Pichilingue, jefe de logística del mismo. Hay que recordar que la sesión del 20 de febrero, Alberto Fujimori declaró al tribunal que “No he conocido a Santiago Martin Rivas, en ningún momento me he reunido con é, ni con algún miembro del llamado destacamento Colina"; sin duda, una de las tantas mentiras más del ex dictador.

En otro momento, el ex jefe policial confirmó que recibió presiones del jefe nominal del SIN, Julio Salazar Monroe, para que le entregara a una integrante de la cúpula senderista, Yovanka Pardavé que había sido capturada por la DINCOTE, para que sea interrogada en el SIN. “Yo le dije que lo haría en presencia del fiscal y de un médico legista, por lo que Salazar Monroe, me llamó para reclamarme que no le daba facilidades y se quejó que yo no quería colaborar; y por eso no la llevaron”, remarcó.

Ketín Vidal se presenta como testigo de la Fiscalía y su versión será de suma importancia para establecer las diferencias entre las políticas contrasubversivas que la Policía Nacional y el Servicio de Inteligencia Nacional, SIN. Al respecto, adelantó que tampoco conoció de la estrategia del “Soldado amigo y policía inteligente”, a la que tanto se ha referido Alberto Fujimori.

¿Por qué las comunidades campesinas y nativas?

Sin duda, el hombre está peligrosamente desenfrenado. No porque no esté convencido de lo que quiere hacer sino porque no está midiendo las consecuencias de lo está haciendo. Y porque cree o alguien le ha hecho creer que, empezar por lo que consideran uno de los sectores económicamente más frágiles –o descartables, para él-, como lo son las comunidades campesinas y nativas, la cosa va a ser más fácil. Craso error del nuevo feligrés de la cofradía neoliberal.

Con el Decreto Legislativo 1015, promulgado de manera sorpresiva al más puro estilo fujimorista, el gobierno busca consagrar lo que no pudo hacer a través del Congreso de la República cuando presentó el denominado proyecto de ley 1992, mediante el cual flexibilizaba los mecanismos para que las comunidades puedan, a través de una mayoría simple de comuneros a una asamblea –no importando cuántos fueran- vender sus tierras. Dicho proyecto fue rechazado en comisiones y fue considerado incluso inconstitucional. Pero García, envalentonado dizque por el éxito de la cumbre con la Unión Europea, ha decidido dar el zarpazo.

Este decreto apunta a ser sin duda el tiro de gracia de Alan García contra la comunidad campesina. Aspira a ser la constancia de su servilismo ante las transnacionales mineras y el poder neoliberal. Y, también el pasaporte a la modernidad y el despegue económico de la sierra, que su afiebrado y delirante imaginario lo vislumbra salpicado de campamentos mineros, socavones y tajos abiertos.

Alan García pretende eliminar a la comunidad campesina pues, ya en su primer gobierno comprobó como estas organizaron una de las más inmensas oleadas de recuperaciones de tierras –más de un millón de hectáreas- de las empresas asociativas de Puno. Y además, porque no olvida que han sido los hombres y mujeres de estas comunidades pobres, las que históricamente han rechazado las propuestas apristas y que ese partido, nunca logró hacer de ellas uno de sus bastiones sociales. Pero también, García sabe perfectamente, que en las entrañas mismas de las comunidades campesinas, yacen los gérmenes que sustentan una forma de vida, de organización social, política, productiva y cultural, que han resistido cientos de años, y derrotado tantos otros intentos por desaparecerlas.

La comunidad campesina es el dique de contención que impide que García termine de entregar en bandeja de plata nuestros inmensos y ricos recursos naturales a la voracidad de las transnacionales que no solo se enriquecen sino que destruyen impunemente nuestro medio ambiente. Pero no solamente es celosa guardiana de nuestros recursos naturales sino que es también una reserva de nuestra nacionalidad, de nuestra historia, de nuestra cultura y nuestras tradiciones en las que se fundamentan una forma de ver el mundo, una cosmovisión diferente al modelo depredador que hoy ha puesto en riesgo la existencia misma de nuestra vida y la del planeta. Y de la que por supuesto, nada o casi nada conoce García, embelesado en su ramplona metamorfosis política.
Y esa soberbia y arrogancia de los conversos, le impiden a Alan García medir las consecuencias de su obsecuencia, pues si cree que las comunidades campesinas y nativas, que ya conocen el accionar de las empresas transnacionales mineras, gasíferas y petroleras, van a despojarse fácilmente de los recursos que les posibilita la vida, está totalmente equivocado. No estaría demás recordarle que revise el rol histórico que ha jugado el movimiento campesino y sus organizaciones gremiales en defensa de sus tierras y sus derechos fundamentales.

Si piensa que las dificultades que pueden afrontar hoy las organizaciones campesinas nacionales le facilitarán sus propósitos, García vuelve a equivocarse. El paro agrario del 18 y 19 de febrero último ya mostró la contundencia que puede tener una medida de lucha campesina cuando de defender sus recursos se trata. Y ya las organizaciones como la Confederación Campesina del Perú, CCP, la Confederación Nacional Agraria, CONACAMI, entre otros ya han convocado a un paro nacional agrario y campesino para los días 8 y 9 de julio, que coincide con el paro de 24 horas convocado por la CGTP. Ahí, una vez más, Alan García comprobará que no se puede jugar con la esencia de la comunidad campesina que está en las entrañas mismas de la patria.

Modelo neoliberal busca consolidarse criminalizando las luchas sociales

La criminalización de las luchas sociales constituye una estrategia a la que recurren los gobiernos autoritarios con la finalidad de consolidar el modelo neoliberal, pues de esa manera pretenden silenciar las protestas de las mayorías nacionales que se sienten excluidas y exigen cambios en las políticas económicas y cuestionan las inequidades que representan los tratados de libre comercio. Es por ello, que las experiencias que sufren los pueblos de América Latina en materia de violación de sus derechos humanos por la criminalización de sus protestas son similares, tal como quedó demostrado en el foro que abordó este tema, este jueves 15 en marco de la Cumbre Social de los Pueblos que se realiza en campus universitario de la UNI en Lima.

En este foro organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos, se presentaron las experiencias sobre criminalización de sus luchas que sufren sobre todo las organizaciones sociales, campesinas e indígenas de Perú, México, Colombia y Costa Rica. También fue propicia la oportunidad para escuchar el testimonio de una de las víctimas de estas políticas represivas en el Perú, la señora Carmen Azparrent, quien fue injustamente detenida casi dos meses y medio, acusada sin ningún sustento del delito de terrorismo, al igual que otras seis personas más, de las cuales todavía cinco siguen recluidas.

Tal como afirmó el mexicano Martín Velásquez Pérez de la Red de Acción frente al libre comercio, RMAL, el modelo neoliberal y sus instrumentos como los tratados de libre comercio y los ahora llamados acuerdos de asociación, lejos de generar desarrollo lo que producen es mayor pobreza y exclusión. Y los gobiernos tienen que recurrir a la violencia como único mecanismo de reprimir a quienes exigen respeto a sus derechos, tal con los campesinos de Chiapas o los pobladores de Oaxaca, por mencionar los más recientes. En quince años y con casi 40 tratados de libre comercio, México apenas ha tenido un crecimiento de uno por ciento como promedio; mientras que millones de campesinos han tenido que abandonar el campo y los pobres han aumentado a 40 millones, de los cuales 20 millones están en extrema pobreza.

En Colombia, el ejercicio de la represión y criminalización de las luchas sociales no son nada nuevo y el pueblo indígena es que lo ha sufrido históricamente, afirmó a su turno Feliciano Valencia de la Consejo Regional Indígena del Valle del Cauca, y por eso tampoco son nuevos los mecanismos de respuesta de los pueblos, que tienen que organizarse y protestar pues es la única manera de hacerse escuchar. Sin embargo, advirtió que con la criminalización de estas luchas sociales se corren además otros riesgos, que es lo que buscan los gobiernos autoritarios, como deslegitimar el ejercicio de la protesta y movilización social, confundir a sectores de la población calificándolos de terroristas y sentando precedentes legales.

Por su parte Marcela Guerrero, del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Costa Rica, sostuvo que pese a estas estrategias regionales de criminalización de la protesta, los movimientos sociales han tenido algunos logros importantes, como fue frenar el ALCA y algunos procesos de privatización; sin embargo, sigue siendo un reto replantearse las estrategias para consolidar respuestas conjuntas desde la sociedad frente a estas políticas que limitan el ejercicio democrático.

Otro de los ponentes fue el doctor Wilfredo Ardito, de Aprodeh, quien sostuvo que estas políticas de criminalización con las que se pretende responder a problemas estructurales de la sociedad evidencian también el monopolio del poder por parte de los grupos de poder. Se refirió a la situación del Perú donde la violencia política y el conflicto armado no termino con una transición a la democracia, y más bien se han consolidado regímenes autoritarios, que han buscado darle un soporte jurídico a la represión y criminalización de las protestas sociales. Hay una relación estrecha entre el modelo económico y las políticas de criminalización, explicó, tal como lo demuestra el hecho de que después de Fujimori ha continuado el neoliberalismo y se ha incrementado la criminalización tanto en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Para ello, aplican también otras estrategias como es el manejo o la manipulación del sentimiento del miedo que aún sufre una población tan sensible a temas como el terrorismo. Y en el actual gobierno la situación se viene agudizando pues el presidente Alan García tiene la consigna de convencer a los empresarios que ha cambiado sus concepciones que aplicó en su primer gobierno y por ello, se vuelve cada vez más autoritario y represivo al servicio del modelo económico neoliberal.

En esta mesa también se informó sobre la acción de inconstitucionalidad que diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado ante el Tribunal Constitucional peruano contra un paquete de decretos legislativos que criminalizan la protesta social y ponen en riesgo derechos fundamentales y el derecho a la vida, tal como ocurrió en el reciente paro agrario de febrero pasado, cuando fueron asesinados cuatro campesinos, hecho que fue recordado por el secretario de derechos humanos de la Confederación Campesina del Perú, CCP, Faustino Rimachi, otro de los participantes en este foro. Pese todo esta situación de criminalización, las organizaciones no bajan la guardia, pues tienen claro, como bien lo dijo la señora Carmen Azparrent, que “es necesario no tener miedo, seguir firmes en nuestras convicciones y no ser ajenos a las injusticias de este modelo neoliberal”.

La primacía de los derechos humanos está por encima de cualquier otra consideración

¿Derechos humanos para quién?, fue la interrogante que motivó las presentación y debate en una de las mesas de trabajo de la Cumbre de los Pueblos, en la que se puso en evidencia como los tratados de libre comercio y los llamados acuerdos de avocación, como los que se discuten con la Unión Europea, están muy lejos de tomarlos en cuenta y de considerar que la primacía de los derechos humanos están por encima de cualquier otra consideración.

La mesa estuvo integrada por representantes de diversos países que han atravesado y aún enfrentan situaciones conflictivas derivadas por la violación de los derechos humanos, ya sea en épocas de dictadura o con gobiernos supuestamente democráticos, como es el peruano, que ha dado más de una muestra intolerancia ante la presencia de la Cumbre de los Pueblos y ha profundizado la criminalización de las protestas sociales.

Uno de los ponentes fue Miguel Jugo Viera, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, del Perú, institución que en las últimas semanas ha soportado una brutal campaña del gobierno, la derecha encabezada por los parlamentarios del ex dictador Alberto Fujimori y de los grandes medios de comunicación, por el delito de haber emitido una opinión política en el sentido de que una organización subversiva que tuvo vigencia en la década del 80, hoy está desactivada. Relató que incluso llegaron a ser calificados de “traidores a la patria” por parte del mismísimo presidente de la República Alan García Pérez. Hay que señalar que Aprodeh es la institución que patrocina a los familiares de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, de Lima, que fueron asesinados por un comando de aniquilamiento del ejército y por el cual, hoy es juzgado Alberto Fujimori.

Otro expositor fue Mario Minera, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH de Guatemala, quien se refirió al genocidio que se cometieron contra las comunidades indígenas de su país durante la dictadura que gobernó entre 1978 y 1983, encabezada por el general Ríos Montt. “En realidad lo que hubo en Guatemala fue un plan de las transnacionales para provocar a través de la violencia política, masivos desplazamientos de pueblos indígenas de sus comunidades y territorios, donde se habían descubiertos grandes reservas energéticas y ricos recursos naturales”, señaló. Agregó que en la actualidad persisten mecanismos que son garantía de impunidad por este genocidio, para que sus autores no puedan ser juzgados, y no se cumplen lo central de las sentencias.

Una situación similar vive hoy Colombia, en el marco de la guerra interna, donde por lo menos del 10 por ciento de la población sufre procesos de desplazamiento forzado, según explicó el doctor Abirio Uribe, de una red de juristas colombianos. “El gobierno colombiano de Alvaro Uribe ha ido ganando terreno en los gobiernos de Europa ocultando su guerra total que es la única estrategia en el marco del Plan Colombia”, afirmó Abirio Uribe.

Es en medio de este contexto de la situación de los derechos humanos, en que se discute el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, y tal como ha ocurrido en otros tratados amparados en el libre comercio, es el llamado derecho mercantil el que está primando y busca el imperio de una ciudadanía en función de la ubicación de las personas en el mercado; así como la irreversibilidad del carácter neoliberal de estos acuerdos y tratados.

Es frente a esta situación que se hace necesario impulsar las llamadas cláusulas democráticas en el debate de los acuerdos con la Unión Europea, que partan de considerar el concepto de dignidad humana, del principio del “bien vivir” o bienestar para la mayoría de las persona, que no es otra cosa que la consideración que la primacía de los derechos humanos está por encima de cualquier otra consideración, tal como lo señaló Javier Mujica, de la institución CEDAL, otro de los expositores.

Mujica explicó que están preparando justamente una propuesta de cláusula democrática para ser incluidas en la negociación de los acuerdos con la UE para que respondan al imperativo de la vigencia de los derechos humanos. Remarcó que la propia Carta de las Naciones Unidas, así como de la OEA, ratifican la primacía de los derechos humanos.

Acuerdos de Asociación profundizarán dependencia de América Latina

Los impactos de los Acuerdos de Asociación (AdA) con la Unión Europea fueron materia de debate y reflexión por un amplio panel de expertos representantes de diversas nacionalidades, en el marco de la Cumbre de los Pueblos; y si algo quedó claro fue que los principales impactos de estos AdA serán la profundización de la dependencia de América Latina y el Caribe; el aumento de la vulnerabilidad política y económica, y frenar las conquistas sociales.

Muchas son las razones que sustentan lo que podría ser este futuro sombrío panorama si es que se mantienen las tendencias de muchos gobiernos de la región en el manejo de los AdA, han coincidido varios de los expositores. En tal sentido se ha señalado que estos acuerdos en la práctica significan un freno a los mecanismos de integración de la región, y un caso concreto de ello es la actual situación de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Otro aspecto es el hecho de que los países de esta sub región tienen agendas diferenciadas y algunos de ellos han planteado, incluso, negociar al margen de la CAN.

La participación real de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil constituye también otra debilidad en este proceso, pues a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para incidir en el mismo aún siguen siendo débiles; y a ello se agrega que estos acuerdos no toman en consideración para nada la deuda histórica de Europa con América Latina y el Caribe.

En las diversas exposiciones se plantearon una serie de objeciones a los acuerdos con UE que de hecho difieren con la propaganda oficial que abunda por estos días en el Perú, país sede también de la Cumbre Oficial ALC-UE, y que pone énfasis en el aumento de las inversiones. En efecto, estas inversiones han crecido más del doble en México, pero este incremento no se ha reflejado en el crecimiento del empleo y mucho menos, mejores salarios. A ello se suma otro dato importante: casi la mita de esta inversión se concentra en empresas de cuatro países.

Una parte de la intervención de Alberto Arroyo, de la Red de Acción frente al Libre Comercio, resume de alguna manera los impactos de los AdA: hay que evitar la ilusión de que se va a negociar un acuerdo diferente a los TLCs con Estados Unidos. Acá seguirá primando la ley del más fuerte, sujeta a las fuerzas del mercado; y en esas condiciones de un “libre comercio bueno”. Todos los antecedentes que se conocen de tratados de libre comercio son un fracaso en términos de los derechos de los pueblos y las mayorías nacionales, las inversiones gozan de la llamada seguridad jurídica que no son otra cosa “superderechos” que protegen a las grandes transnacionales.

Otros expositores recordaron otros elementos que muchas veces los gobiernos que publicitan los acuerdos de libre comercio ocultan deliberadamente: que las empresas de las grandes potencias lo que buscan es apoderarse de sectores estratégicos de las economías nacionales como energía, finanzas, servicios; de los ricos e ingentes recursos naturales; que como sucede en la banca, no crean nuevas empresas y se apoderan de las ya existentes como ha sucedido en los procesos de privatización, constituyendo así una banca parasitaria que obtiene enormes ganancias. Es en este marco en que uno de los expositores se preguntó: por qué tanto derecho a las transnacionales?

Hay que señalar que en la mesa que abordó estos impactos destacó la presencia del haitiano Camilla Chalmers, Sally Oneil de la Red Cidse de Irlanda Claudio Lara de Chile, Marisol Inurritegui de Perú, además del ya citado Alberto Arroyo de México.