La criminalización de las luchas sociales constituye una estrategia a la que recurren los gobiernos autoritarios con la finalidad de consolidar el modelo neoliberal, pues de esa manera pretenden silenciar las protestas de las mayorías nacionales que se sienten excluidas y exigen cambios en las políticas económicas y cuestionan las inequidades que representan los tratados de libre comercio. Es por ello, que las experiencias que sufren los pueblos de América Latina en materia de violación de sus derechos humanos por la criminalización de sus protestas son similares, tal como quedó demostrado en el foro que abordó este tema, este jueves 15 en marco de la Cumbre Social de los Pueblos que se realiza en campus universitario de la UNI en Lima.
En este foro organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos, se presentaron las experiencias sobre criminalización de sus luchas que sufren sobre todo las organizaciones sociales, campesinas e indígenas de Perú, México, Colombia y Costa Rica. También fue propicia la oportunidad para escuchar el testimonio de una de las víctimas de estas políticas represivas en el Perú, la señora Carmen Azparrent, quien fue injustamente detenida casi dos meses y medio, acusada sin ningún sustento del delito de terrorismo, al igual que otras seis personas más, de las cuales todavía cinco siguen recluidas.
Tal como afirmó el mexicano Martín Velásquez Pérez de la Red de Acción frente al libre comercio, RMAL, el modelo neoliberal y sus instrumentos como los tratados de libre comercio y los ahora llamados acuerdos de asociación, lejos de generar desarrollo lo que producen es mayor pobreza y exclusión. Y los gobiernos tienen que recurrir a la violencia como único mecanismo de reprimir a quienes exigen respeto a sus derechos, tal con los campesinos de Chiapas o los pobladores de Oaxaca, por mencionar los más recientes. En quince años y con casi 40 tratados de libre comercio, México apenas ha tenido un crecimiento de uno por ciento como promedio; mientras que millones de campesinos han tenido que abandonar el campo y los pobres han aumentado a 40 millones, de los cuales 20 millones están en extrema pobreza.
En Colombia, el ejercicio de la represión y criminalización de las luchas sociales no son nada nuevo y el pueblo indígena es que lo ha sufrido históricamente, afirmó a su turno Feliciano Valencia de la Consejo Regional Indígena del Valle del Cauca, y por eso tampoco son nuevos los mecanismos de respuesta de los pueblos, que tienen que organizarse y protestar pues es la única manera de hacerse escuchar. Sin embargo, advirtió que con la criminalización de estas luchas sociales se corren además otros riesgos, que es lo que buscan los gobiernos autoritarios, como deslegitimar el ejercicio de la protesta y movilización social, confundir a sectores de la población calificándolos de terroristas y sentando precedentes legales.
Por su parte Marcela Guerrero, del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Costa Rica, sostuvo que pese a estas estrategias regionales de criminalización de la protesta, los movimientos sociales han tenido algunos logros importantes, como fue frenar el ALCA y algunos procesos de privatización; sin embargo, sigue siendo un reto replantearse las estrategias para consolidar respuestas conjuntas desde la sociedad frente a estas políticas que limitan el ejercicio democrático.
Otro de los ponentes fue el doctor Wilfredo Ardito, de Aprodeh, quien sostuvo que estas políticas de criminalización con las que se pretende responder a problemas estructurales de la sociedad evidencian también el monopolio del poder por parte de los grupos de poder. Se refirió a la situación del Perú donde la violencia política y el conflicto armado no termino con una transición a la democracia, y más bien se han consolidado regímenes autoritarios, que han buscado darle un soporte jurídico a la represión y criminalización de las protestas sociales. Hay una relación estrecha entre el modelo económico y las políticas de criminalización, explicó, tal como lo demuestra el hecho de que después de Fujimori ha continuado el neoliberalismo y se ha incrementado la criminalización tanto en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Para ello, aplican también otras estrategias como es el manejo o la manipulación del sentimiento del miedo que aún sufre una población tan sensible a temas como el terrorismo. Y en el actual gobierno la situación se viene agudizando pues el presidente Alan García tiene la consigna de convencer a los empresarios que ha cambiado sus concepciones que aplicó en su primer gobierno y por ello, se vuelve cada vez más autoritario y represivo al servicio del modelo económico neoliberal.
En esta mesa también se informó sobre la acción de inconstitucionalidad que diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado ante el Tribunal Constitucional peruano contra un paquete de decretos legislativos que criminalizan la protesta social y ponen en riesgo derechos fundamentales y el derecho a la vida, tal como ocurrió en el reciente paro agrario de febrero pasado, cuando fueron asesinados cuatro campesinos, hecho que fue recordado por el secretario de derechos humanos de la Confederación Campesina del Perú, CCP, Faustino Rimachi, otro de los participantes en este foro. Pese todo esta situación de criminalización, las organizaciones no bajan la guardia, pues tienen claro, como bien lo dijo la señora Carmen Azparrent, que “es necesario no tener miedo, seguir firmes en nuestras convicciones y no ser ajenos a las injusticias de este modelo neoliberal”.
En este foro organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos, se presentaron las experiencias sobre criminalización de sus luchas que sufren sobre todo las organizaciones sociales, campesinas e indígenas de Perú, México, Colombia y Costa Rica. También fue propicia la oportunidad para escuchar el testimonio de una de las víctimas de estas políticas represivas en el Perú, la señora Carmen Azparrent, quien fue injustamente detenida casi dos meses y medio, acusada sin ningún sustento del delito de terrorismo, al igual que otras seis personas más, de las cuales todavía cinco siguen recluidas.
Tal como afirmó el mexicano Martín Velásquez Pérez de la Red de Acción frente al libre comercio, RMAL, el modelo neoliberal y sus instrumentos como los tratados de libre comercio y los ahora llamados acuerdos de asociación, lejos de generar desarrollo lo que producen es mayor pobreza y exclusión. Y los gobiernos tienen que recurrir a la violencia como único mecanismo de reprimir a quienes exigen respeto a sus derechos, tal con los campesinos de Chiapas o los pobladores de Oaxaca, por mencionar los más recientes. En quince años y con casi 40 tratados de libre comercio, México apenas ha tenido un crecimiento de uno por ciento como promedio; mientras que millones de campesinos han tenido que abandonar el campo y los pobres han aumentado a 40 millones, de los cuales 20 millones están en extrema pobreza.
En Colombia, el ejercicio de la represión y criminalización de las luchas sociales no son nada nuevo y el pueblo indígena es que lo ha sufrido históricamente, afirmó a su turno Feliciano Valencia de la Consejo Regional Indígena del Valle del Cauca, y por eso tampoco son nuevos los mecanismos de respuesta de los pueblos, que tienen que organizarse y protestar pues es la única manera de hacerse escuchar. Sin embargo, advirtió que con la criminalización de estas luchas sociales se corren además otros riesgos, que es lo que buscan los gobiernos autoritarios, como deslegitimar el ejercicio de la protesta y movilización social, confundir a sectores de la población calificándolos de terroristas y sentando precedentes legales.
Por su parte Marcela Guerrero, del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Costa Rica, sostuvo que pese a estas estrategias regionales de criminalización de la protesta, los movimientos sociales han tenido algunos logros importantes, como fue frenar el ALCA y algunos procesos de privatización; sin embargo, sigue siendo un reto replantearse las estrategias para consolidar respuestas conjuntas desde la sociedad frente a estas políticas que limitan el ejercicio democrático.
Otro de los ponentes fue el doctor Wilfredo Ardito, de Aprodeh, quien sostuvo que estas políticas de criminalización con las que se pretende responder a problemas estructurales de la sociedad evidencian también el monopolio del poder por parte de los grupos de poder. Se refirió a la situación del Perú donde la violencia política y el conflicto armado no termino con una transición a la democracia, y más bien se han consolidado regímenes autoritarios, que han buscado darle un soporte jurídico a la represión y criminalización de las protestas sociales. Hay una relación estrecha entre el modelo económico y las políticas de criminalización, explicó, tal como lo demuestra el hecho de que después de Fujimori ha continuado el neoliberalismo y se ha incrementado la criminalización tanto en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Para ello, aplican también otras estrategias como es el manejo o la manipulación del sentimiento del miedo que aún sufre una población tan sensible a temas como el terrorismo. Y en el actual gobierno la situación se viene agudizando pues el presidente Alan García tiene la consigna de convencer a los empresarios que ha cambiado sus concepciones que aplicó en su primer gobierno y por ello, se vuelve cada vez más autoritario y represivo al servicio del modelo económico neoliberal.
En esta mesa también se informó sobre la acción de inconstitucionalidad que diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado ante el Tribunal Constitucional peruano contra un paquete de decretos legislativos que criminalizan la protesta social y ponen en riesgo derechos fundamentales y el derecho a la vida, tal como ocurrió en el reciente paro agrario de febrero pasado, cuando fueron asesinados cuatro campesinos, hecho que fue recordado por el secretario de derechos humanos de la Confederación Campesina del Perú, CCP, Faustino Rimachi, otro de los participantes en este foro. Pese todo esta situación de criminalización, las organizaciones no bajan la guardia, pues tienen claro, como bien lo dijo la señora Carmen Azparrent, que “es necesario no tener miedo, seguir firmes en nuestras convicciones y no ser ajenos a las injusticias de este modelo neoliberal”.
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