¿Derechos humanos para quién?, fue la interrogante que motivó las presentación y debate en una de las mesas de trabajo de la Cumbre de los Pueblos, en la que se puso en evidencia como los tratados de libre comercio y los llamados acuerdos de avocación, como los que se discuten con la Unión Europea, están muy lejos de tomarlos en cuenta y de considerar que la primacía de los derechos humanos están por encima de cualquier otra consideración.
La mesa estuvo integrada por representantes de diversos países que han atravesado y aún enfrentan situaciones conflictivas derivadas por la violación de los derechos humanos, ya sea en épocas de dictadura o con gobiernos supuestamente democráticos, como es el peruano, que ha dado más de una muestra intolerancia ante la presencia de la Cumbre de los Pueblos y ha profundizado la criminalización de las protestas sociales.
Uno de los ponentes fue Miguel Jugo Viera, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, del Perú, institución que en las últimas semanas ha soportado una brutal campaña del gobierno, la derecha encabezada por los parlamentarios del ex dictador Alberto Fujimori y de los grandes medios de comunicación, por el delito de haber emitido una opinión política en el sentido de que una organización subversiva que tuvo vigencia en la década del 80, hoy está desactivada. Relató que incluso llegaron a ser calificados de “traidores a la patria” por parte del mismísimo presidente de la República Alan García Pérez. Hay que señalar que Aprodeh es la institución que patrocina a los familiares de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, de Lima, que fueron asesinados por un comando de aniquilamiento del ejército y por el cual, hoy es juzgado Alberto Fujimori.
Otro expositor fue Mario Minera, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH de Guatemala, quien se refirió al genocidio que se cometieron contra las comunidades indígenas de su país durante la dictadura que gobernó entre 1978 y 1983, encabezada por el general Ríos Montt. “En realidad lo que hubo en Guatemala fue un plan de las transnacionales para provocar a través de la violencia política, masivos desplazamientos de pueblos indígenas de sus comunidades y territorios, donde se habían descubiertos grandes reservas energéticas y ricos recursos naturales”, señaló. Agregó que en la actualidad persisten mecanismos que son garantía de impunidad por este genocidio, para que sus autores no puedan ser juzgados, y no se cumplen lo central de las sentencias.
Una situación similar vive hoy Colombia, en el marco de la guerra interna, donde por lo menos del 10 por ciento de la población sufre procesos de desplazamiento forzado, según explicó el doctor Abirio Uribe, de una red de juristas colombianos. “El gobierno colombiano de Alvaro Uribe ha ido ganando terreno en los gobiernos de Europa ocultando su guerra total que es la única estrategia en el marco del Plan Colombia”, afirmó Abirio Uribe.
Es en medio de este contexto de la situación de los derechos humanos, en que se discute el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, y tal como ha ocurrido en otros tratados amparados en el libre comercio, es el llamado derecho mercantil el que está primando y busca el imperio de una ciudadanía en función de la ubicación de las personas en el mercado; así como la irreversibilidad del carácter neoliberal de estos acuerdos y tratados.
Es frente a esta situación que se hace necesario impulsar las llamadas cláusulas democráticas en el debate de los acuerdos con la Unión Europea, que partan de considerar el concepto de dignidad humana, del principio del “bien vivir” o bienestar para la mayoría de las persona, que no es otra cosa que la consideración que la primacía de los derechos humanos está por encima de cualquier otra consideración, tal como lo señaló Javier Mujica, de la institución CEDAL, otro de los expositores.
Mujica explicó que están preparando justamente una propuesta de cláusula democrática para ser incluidas en la negociación de los acuerdos con la UE para que respondan al imperativo de la vigencia de los derechos humanos. Remarcó que la propia Carta de las Naciones Unidas, así como de la OEA, ratifican la primacía de los derechos humanos.
La mesa estuvo integrada por representantes de diversos países que han atravesado y aún enfrentan situaciones conflictivas derivadas por la violación de los derechos humanos, ya sea en épocas de dictadura o con gobiernos supuestamente democráticos, como es el peruano, que ha dado más de una muestra intolerancia ante la presencia de la Cumbre de los Pueblos y ha profundizado la criminalización de las protestas sociales.
Uno de los ponentes fue Miguel Jugo Viera, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, del Perú, institución que en las últimas semanas ha soportado una brutal campaña del gobierno, la derecha encabezada por los parlamentarios del ex dictador Alberto Fujimori y de los grandes medios de comunicación, por el delito de haber emitido una opinión política en el sentido de que una organización subversiva que tuvo vigencia en la década del 80, hoy está desactivada. Relató que incluso llegaron a ser calificados de “traidores a la patria” por parte del mismísimo presidente de la República Alan García Pérez. Hay que señalar que Aprodeh es la institución que patrocina a los familiares de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, de Lima, que fueron asesinados por un comando de aniquilamiento del ejército y por el cual, hoy es juzgado Alberto Fujimori.
Otro expositor fue Mario Minera, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH de Guatemala, quien se refirió al genocidio que se cometieron contra las comunidades indígenas de su país durante la dictadura que gobernó entre 1978 y 1983, encabezada por el general Ríos Montt. “En realidad lo que hubo en Guatemala fue un plan de las transnacionales para provocar a través de la violencia política, masivos desplazamientos de pueblos indígenas de sus comunidades y territorios, donde se habían descubiertos grandes reservas energéticas y ricos recursos naturales”, señaló. Agregó que en la actualidad persisten mecanismos que son garantía de impunidad por este genocidio, para que sus autores no puedan ser juzgados, y no se cumplen lo central de las sentencias.
Una situación similar vive hoy Colombia, en el marco de la guerra interna, donde por lo menos del 10 por ciento de la población sufre procesos de desplazamiento forzado, según explicó el doctor Abirio Uribe, de una red de juristas colombianos. “El gobierno colombiano de Alvaro Uribe ha ido ganando terreno en los gobiernos de Europa ocultando su guerra total que es la única estrategia en el marco del Plan Colombia”, afirmó Abirio Uribe.
Es en medio de este contexto de la situación de los derechos humanos, en que se discute el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, y tal como ha ocurrido en otros tratados amparados en el libre comercio, es el llamado derecho mercantil el que está primando y busca el imperio de una ciudadanía en función de la ubicación de las personas en el mercado; así como la irreversibilidad del carácter neoliberal de estos acuerdos y tratados.
Es frente a esta situación que se hace necesario impulsar las llamadas cláusulas democráticas en el debate de los acuerdos con la Unión Europea, que partan de considerar el concepto de dignidad humana, del principio del “bien vivir” o bienestar para la mayoría de las persona, que no es otra cosa que la consideración que la primacía de los derechos humanos está por encima de cualquier otra consideración, tal como lo señaló Javier Mujica, de la institución CEDAL, otro de los expositores.
Mujica explicó que están preparando justamente una propuesta de cláusula democrática para ser incluidas en la negociación de los acuerdos con la UE para que respondan al imperativo de la vigencia de los derechos humanos. Remarcó que la propia Carta de las Naciones Unidas, así como de la OEA, ratifican la primacía de los derechos humanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario